El exterminio de la persona y la propiedad privada en Colombia.

Lo que se pretende con el presente escrito es despertar la conciencia del lector responsable, frente a una propuesta elaborada por la Universidad Nacional, impulsada y fomentada por el gobierno central mediante el Ministerio de Justicia y el Derecho, la cual pretende imponer un nuevo modelo económico en Colombia, valiéndose de una trasformación constitucional disfrazada de reforma al código civil colombiano y su unificación con el Código de Comercio.

Es menester recalcar la actitud difusa por parte del Ministerio de Justicia y el Derecho, ya que, si bien, dicha cartera estableció en un comunicado que “no ha radicado ningún proyecto de ley”, en su página web encontramos a modo de Convocatoria Nacional, el “Proyecto de Código Civil de Colombia”, publicándose el documento presentado por la Universidad Nacional y dando plazo hasta el 23 de octubre de 2020 para la presentación de comentarios y observaciones.

Siendo de las leyes más importantes para el día a día de los ciudadanos, el Código Civil, es un compendio normativo que agrupa los derechos de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles. Esta agrupación de normas data del año 1887 y fue inspirada por el Código Civil Chileno elaborado por Andrés Bello, en una ley que se remonta al año 1885.

Entonces, no es descabellado pensar que, existe una necesidad latente en actualizar nuestro Código Civil, pero la relevancia actual radica precisamente en la manera en la cual se quiere imponer dicho cambio o reforma.

Desde hace varios meses, viene gestándose desde el gobierno central la intensión de modificarlo en su totalidad, y esto es sinónimo de alerta para el mundo académico y los profesionales del derecho. A mediados de junio de 2020, la ex Ministra de Justicia y del Derecho y actual Procuradora General de la Nación electa, Margarita Cabello, respaldó y presentó el proyecto de reforma al Código Civil elaborado por la facultad de Derecho de la Universidad Nacional.

A principios del mes de septiembre la Universidad Nacional organizó un evento virtual en el que presentó su proyecto de código civil, apoyado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Durante la presentación, se hizo visible que dicho proyecto, trae consigo una serie de artículos que significarían una verdadera reforma constitucional que no solo pretende modificar radicalmente las libertades de los individuos, sino que también cambia drásticamente el derecho a la propiedad privada y el actual modelo económico colombiano.

En primer lugar, encontramos al artículo 268, que establece:

El propietario debe explotar su derecho conforme a su destinación económica, ecológica, cultural y social e indemnizará los perjuicios concretos o difusos causados en razón de una explotación sin interés para él o para el bienestar social. También debe respetar el derecho de los demás a un ambiente sano, el manejo y aprovechamiento legal de los recursos naturales, la integridad y el uso común del espacio público y el uso debido de los suelos, urbanos, conforme a la ley de ordenamiento territorial, a la regulación urbanística y de servicios públicos domiciliarios. La ley regulará el dominio de los objetos de interés cultural histórico, religioso, y de las minorías étnicas y lingüísticas de la población colombiana.

En este artículo vemos la introducción de un concepto perverso, el propietario de un bien inmueble debe explotarlo conforme al “bienestar social” definido por el Estado, so pena de pagar una indemnización de perjuicios concretos y difusos que cause. Este alcance del artículo 268 del proyecto de Código Civil, más que limitar la propiedad privada, significa la implantación de un modelo de planificación central de la economía, muy parecido, para no decir que igual, al modelo socialista y comunista, tan de moda en algunos países, en el que el gobierno fijará la destinación de los bienes ubicados en el territorio nacional. Para no mencionar el riesgo que implica los denominados perjuicios difusos, que tal como su nombre expresa, no harán más que confundir y generar más perjuicios.

El artículo 270 del proyecto dispone:

Toda propiedad de bienes privados, que no afecte derecho superior de terceros o al interés público, será respetada por todos. También serán protegidas, conforme a la ley, por todas las autoridades policivas administrativas y judiciales competentes.

Lo que en resumidas cuentas significaría, dar vía libre para aquellas personas que consideren tener mejores derechos sobre los bienes de otras, a no estar obligadas a respetar dichos derechos de dominio.

Artículo 271. El propietario de bienes inmuebles que abandona su conservación, explotación o ejercicio, puede ser requerido por la autoridad competente para que los explote en forma adecuada, mediante el procedimiento de ley. Dentro de las medidas puede imponerse su administración y explotación directa o indirecta con compensación equitativa de acuerdo a su rendimiento.

Este articulo pretende que el propietario que no explote un bien inmueble pueda ser requerido por la autoridad para que lo haga y, de no hacerlo, la autoridad podrá desposeerlo, asumiendo la administración y explotación directa por el Estado. Este es un modelo totalmente diferente al consagrado en nuestra Constitución de 1991.  

El Artículo 272, plantea que “los predios rurales sobre los cuales el propietario no hiciere actos de conservación durante cinco años continuos, se entenderá que lo abandona extinguiéndose su dominio el cual pasará a la Nación”, y un término de 10 años sobre los predios urbanos.

Hasta este punto, con solo estos pocos artículos, es claro que el proyecto de la Universidad Nacional está lejos de ser un nuevo código civil y trata en la realidad, una verdadera reforma constitucional que pretende modificar radicalmente las libertades de los individuos, el derecho de propiedad privada y el modelo económico colombiano tal cual y como lo conocemos.

Podemos encontrar otros artículos incluidos en la propuesta de la Universidad Nacional como el artículo 196 que le otorga a la información la categoría de “cosa singular”, incluyendo también el dinero. Esto repercute directamente en nuestra percepción dada a la tecnología e implica alejarnos de considerar a la información como un factor ligado a la persona en sí misma. Es decir, los datos personales pasan a ser considerados un bien transable, no un atributo que se atiene a la personalidad humana, tal cual es considerado en la actualidad.

La composición estructural del Código Civil tal y como lo conocemos cambia, su composición, sus ideales, la estructura de sociedad que representa, cambia totalmente, cuestiones tan elementales como el libro de personas, son eliminados de la propuesta de Cogido Civil de la Universidad Nacional, dejando por fuera a la persona como centro de la cosmovisión normativa integral.

Tenemos por ejemplo el artículo 576 el cual dispone que, el cumplimiento de la obligación podrá exigirse judicialmente siempre que sea posible y no excesivamente onerosa para el deudor, contraríe la buena fe negocial o afecte la situación personal del deudor, lo que significa una inseguridad jurídica sin precedentes, al encontrarse las partes de un contrato respaldadas en la ley para eximirse de cumplir su obligación, si dicha prestación les presentase una onerosidad excesiva.

Como se ha podido demostrar, el proyecto de reforma al código civil presentado por la Universidad Nacional e impulsado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia y el Derecho, significaría, de aprobarse, un exterminio del actual modelo económico en Colombia, generando una constitucionalización del derecho privado, creando incertidumbre y lo que es peor, una propiedad privada inexistente, reglada en su totalidad por el estado, sumada a la eliminación de la persona como centro del ordenamiento jurídico, colocando al estado como eje central. Cualquier parecido con el socialismo o comunismo, ¿será casualidad?

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